El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Economía Circular, un nuevo ordenamiento legal orientado a promover el aprovechamiento eficiente de los recursos, ampliar la vida útil de los productos y reducir la generación de residuos mediante su minimización, recuperación y valorización.
Con la publicación del decreto, la ley entra en vigor a partir de este martes. El documento establece que el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir el reglamento o reglamentos necesarios para su correcta implementación.
La legislación define un esquema de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Para tal fin, se creará el Sistema Nacional de Economía Circular, el cual será encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrará a diversas dependencias federales, entre ellas las secretarías de Economía; Hacienda y Crédito Público; Energía; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como a representantes de los gobiernos estatales en materia ambiental.
La ley también contempla la elaboración de un Programa Nacional de Economía Circular que articulará políticas públicas, proyectos y acciones alineadas con los principios de este modelo. Dicho programa deberá publicarse en el DOF en un plazo máximo de 180 días naturales posteriores a la emisión del reglamento correspondiente.
Entre las disposiciones adicionales, se prevé la creación de un distintivo nacional para identificar productos que cumplan con los criterios de la Economía Circular. Este distintivo deberá ofrecer información clara, verificable y accesible a los consumidores, tendrá una vigencia de tres años y podrá renovarse.
En cuanto a la gestión de residuos, la normativa establece que los rellenos sanitarios autorizados deberán iniciar, a partir de la entrada en vigor de la ley, un proceso progresivo de reconversión en un plazo de hasta cinco años, con posibilidad de prórroga mediante acuerdos específicos, a fin de reducir la disposición final y favorecer su integración al Modelo Nacional de Economía Circular.
Finalmente, el decreto incluye reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el propósito de armonizar el marco jurídico ambiental con los principios de la nueva ley.
