La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no utilizar las nuevas camionetas blindadas con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos por unidad respondió a las críticas de la opinión pública y a una visión de austeridad que no es un acto simbólico, afirmó este lunes el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
En conferencia de prensa realizada en la sede de la SCJN, Aguilar Ortiz, acompañado por otros cinco ministros y por el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, sostuvo que la adquisición de las unidades estuvo justificada como parte de la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF), que contempla un total de 571 vehículos.
De acuerdo con los funcionarios, la compra obedeció a razones de seguridad vial y no a un contexto de inseguridad, al sustituir unidades modelo 2009, 2019, 2020 y 2021 que presentaban deterioro mecánico y cuyo blindaje había superado su vida útil, según evaluaciones técnicas internas y análisis de riesgo. También señalaron que la medida permitirá generar ahorros superiores a mil millones de pesos en los próximos tres años.
Aguilar Ortiz subrayó que los excesos correspondían a administraciones anteriores y no a la actual integración de la Corte. Aseguró que se negociaron los costos hasta el último momento y reiteró que los ministros pueden trasladarse en medios de transporte público, como autobús o Metro, para cumplir con sus funciones.
Durante la conferencia, el ministro Arístides Guerrero García afirmó que algunos integrantes de la integración anterior de la Corte, encabezada por Norma Piña, adquirieron los mejores vehículos y obras de arte al momento de su retiro. Ante ello, Aguilar Ortiz aclaró que no se trató de un robo, sino de una compra permitida por acuerdos plenarios previos, mediante avalúos internos.
No se las robaron, las compraron conforme a un acuerdo del pleno anterior, precisó el ministro presidente, al explicar que cuatro vehículos en mejores condiciones fueron adquiridos por ministros en retiro.
Guerrero García, por su parte, no detalló a qué obras de arte se refería ni qué ministros estarían involucrados, ni confirmó la existencia de denuncias formales. Indicó que las auditorías en curso serán las que determinen si hubo irregularidades. En cuanto a los vehículos, cuestionó que en administraciones anteriores se permitiera su adquisición a costos bajos, una práctica que consideró incompatible con una política de austeridad.
Aguilar Ortiz también explicó que, desde 2010, los ministros cuentan con medidas de seguridad acordes con la responsabilidad del cargo, incluido el uso de vehículos blindados. Señaló que la Corte anterior disponía de 43 unidades, pero que al inicio de la actual integración se recibieron 39, debido a que cuatro fueron adquiridas por ministros en retiro.
Respecto al uso futuro de las camionetas recientemente adquiridas, el ministro presidente informó que, en acuerdo con el Pleno, se decidió no utilizarlas y actuar con austeridad, sin comprometer la seguridad ni el funcionamiento institucional. Añadió que 21 vehículos serán puestos a la venta y que las nuevas unidades podrían destinarse, dentro del marco legal, a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos.
Finalmente, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, explicó que la compra de los vehículos sustituyó el esquema de arrendamiento por uno de adquisición, con el objetivo de que las unidades formen parte del patrimonio del PJF y generen ahorros a mediano plazo, bajo criterios de eficiencia, austeridad y transparencia.
qPese a los cuestionamientos de la prensa, los ministros no precisaron qué vehículos utilizarán para el desempeño cotidiano de sus labores.
