Entre los extraditados figura Abigael González Valencia, alias El Cuini, señalado como cabecilla del Cártel Jalisco Nueva GeneraciónEl gobierno de México defendió este miércoles la extradición de 26 presuntos generadores de violencia a Estados Unidos, en una acción que autoridades calificaron como parte de una estrategia nacional para frenar las actividades del crimen organizado desde el interior de los penales del país.En una conferencia conjunta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguraron que los traslados se realizaron bajo estrictas condiciones legales, entre ellas la garantía de que los acusados no serán sometidos a la pena de muerte en Estados Unidos."Estos sujetos atentan contra la seguridad pública de nuestro país, son responsables de extorsiones, homicidios, secuestros y ataques contra funcionarios. Esta entrega es una decisión por seguridad pública", enfatizó García Harfuch.El operativo involucró a 988 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Guardia Nacional, SSPC y FGR, así como 90 vehículos. Los traslados se realizaron desde la Base Aérea Militar Número 1 en 11 aeronaves hacia diversos destinos en Estados Unidos, incluidos White Plains, el aeropuerto JFK en Nueva York, San Diego, Phoenix y Dulles.Entre los extraditados figuran figuras de alto perfil como Abigael González Valencia, alias "El Cuini", señalado como cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez Martínez, "La Tuta", líder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, "El Chavo" Félix, vinculado al Cártel de Sinaloa como yerno de Ismael "El Mayo" Zambada.El fiscal Gertz Manero recalcó que la medida está sustentada en la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Convención de Palermo y convenios internacionales, como los acuerdos con Interpol. Asimismo, descartó cualquier tipo de negociación sobre la pena capital: "No hay negociación. México tiene una posición firme de no permitir la pena de muerte, y esto es aceptado por el país requirente".La presidenta Claudia Sheinbaum también respaldó la acción, señalando que la decisión fue tomada de manera soberana, como parte de una política integral de seguridad. "Es por la seguridad de nuestro país. No se trata de una petición específica de Estados Unidos", subrayó.Esta entrega se suma a las 29 extradiciones realizadas en febrero pasado, en lo que se perfila como una ofensiva sostenida del gobierno mexicano para desarticular las redes de mando del crimen organizado, especialmente aquellas que continúan operando desde prisión.García Harfuch aseguró que, tras la movilización, los centros penitenciarios del país operan con normalidad y sin incidentes, y advirtió que los traslados continuarán si así lo requiere la estrategia de seguridad nacional.
