Esta iniciativa del Infonavit es respaldada por la presidenta de México y busca evitar los desalojos mediante un esquema de renta con opción a compra
Un anuncio realizado por Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha encendido un intenso debate a nivel nacional. La propuesta, presentada durante la denominada mañanera del pueblo, plantea la regularización de 145 mil viviendas ocupadas de manera irregular, como parte de un ambicioso programa de justicia social respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con Romero, un censo conjunto entre el Infonavit y la Secretaría del Bienestar reveló la existencia de 843 mil viviendas problemáticas en el inventario del instituto. De las 168 mil viviendas ya censadas, 145 mil están actualmente ocupadas de manera irregular. Estas incluyen casos en los que los propietarios abandonaron sus pagos o viviendas tomadas por terceros ante el abandono. Las 23 mil restantes están deshabitadas o han sido vandalizadas.
Renta con opción a compra
La iniciativa no contempla desalojos. En cambio, ofrece a los ocupantes un esquema de renta con opción a compra, a precios accesibles, incluso para quienes no son derechohabientes del Infonavit. El plan busca que las familias puedan pagar y adquirir legalmente la propiedad en un plazo de 4 a 5 años, con base en el valor contable del inmueble.
¿Y los propietarios originales?
Uno de los puntos más sensibles del programa es el futuro de los dueños originales. Romero Oropeza explicó que, si los antiguos propietarios desean recuperar su vivienda, el Infonavit les ofrecerá otra casa entre las 23 mil desocupadas o la reestructuración de su crédito. Sin embargo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que la regularización no aplicará en casos con denuncia penal por despojo, los cuales seguirán su curso legal.
El anuncio ha generado posturas encontradas. Mientras el gobierno defiende la medida como una respuesta humanitaria y de justicia social frente a la crisis de vivienda, diversos actores políticos y empresariales la critican por lo que consideran un incentivo a la ocupación ilegal.
Entre los críticos destacan el empresario Ricardo Salinas Pliego y el senador del PRI Manuel Añorve, quienes han calificado la iniciativa como una "legalización del despojo". En redes sociales, muchos usuarios también han expresado su descontento, asegurando que se premia al que se metió a una casa que no es suya, mientras otros argumentan que se trata de una solución viable ante años de abandono institucional en materia de vivienda.
El contexto de esta medida está marcado por profundas fallas estructurales dentro del Infonavit: créditos impagables, corrupción, juicios irregulares y abandono de viviendas. Desde noviembre de 2024, el gobierno ha congelado 4 millones de créditos y ha interpuesto 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de sanear el sistema.
¿Solución social o atentado contra la propiedad privada?
La regularización de viviendas ocupadas irregularmente plantea un dilema complejo. Para algunos, representa una respuesta urgente a la necesidad de vivienda digna y una forma de rescatar inmuebles abandonados. Para otros, se trata de un peligroso precedente que compromete el principio de propiedad privada y puede alentar nuevas ocupaciones ilegales.
El debate sigue abierto y promete mantenerse como uno de los temas más discutidos en los próximos meses, con implicaciones tanto legales como sociales para millones de mexicanos.
