Periodistas de Baja California piden justicias a los periodistas muertos

Durante la conferencia de prensa del día de hoy, periodistas en Baja California exigieron justicia por los asesinatos contra periodistas. 


Bajo la consigna porque no se mata la verdad matando periodistas la periodista Sonia de Anda del medio Esquina 32 leyó un posicionamiento antes de preguntar.


Con voz entrecortada declaró lo siguiente:


Los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por realizar nuestro trabajo y que los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren.


Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. Expresó los nombres de los cinco periodistas asesinados este año en voz alta para que no sean olvidados, a los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse a una sola voz: presente. 


La mañanera se realizó desde la Zona Militar número 2 en Tijuana, Baja California.  



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Política

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Presentan dictamen para reforzar la seguridad en establecimientos de hospedaje de la CDMX

Presentan dictamen para reforzar la seguridad en establecimientos de hospedaje de la CDMX

La seguridad en los establecimientos de hospedaje de la Ciudad de México podría fortalecerse con la aprobación de un dictamen que reforma la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la protección de visitantes y de la ciudadanía en general.El dictamen fue presentado ante el pleno del Congreso capitalino por la diputada Elizabeth Mateos, de Morena, y fue elaborado por las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Turismo, en coordinación con la diputada Luisa Alpízar.La propuesta plantea el establecimiento de protocolos claros y una mayor coordinación interinstitucional para mejorar los mecanismos de prevención, supervisión y actuación en hoteles y otros establecimientos de hospedaje, con el fin de brindar mayor certeza jurídica y condiciones de seguridad.Durante la exposición del dictamen, Mateos señaló que el objetivo central es fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos y de las autoridades ante posibles incidentes, a través de reglas de operación más claras y una supervisión reforzada.La iniciativa tiene como base una propuesta enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y se enmarca en su agenda de seguridad, con especial énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.Entre los puntos principales del dictamen se incluyen la definición de normas para la operación de los hospedajes, la implementación de protocolos de actuación ante situaciones de riesgo, la capacitación del personal, el fortalecimiento de la supervisión por parte de las autoridades de seguridad y turismo, así como una mayor coordinación entre instancias de seguridad, verificación administrativa y atención a víctimas, bajo un enfoque preventivo y de respeto a los derechos humanos.

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Jesús Alejandro Ruiz Uribe presenta avances de programas sociales en Baja California

Jesús Alejandro Ruiz Uribe presenta avances de programas sociales en Baja California

El delegado de Bienestar en Baja California destacó el registro de la Pensión Mujeres Bienestar 60-64 años y la operación del programa Salud Casa por CasaEn una reciente conferencia de prensa, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Programas para el Bienestar en Baja California, presentó los avances de dos programas sociales impulsados a nivel nacional: la Pensión Mujeres Bienestar 60-64 años y el Programa Salud Casa por Casa.Ruiz Uribe subrayó que la Pensión Mujeres Bienestar es un programa de carácter universal y reiteró la importancia de no confundirlo con otros apoyos dirigidos a distintos sectores. "La Pensión Mujeres Bienestar es un programa de la generación de programas de la doctora Claudia Sheinbaum, es decir, no existía en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La doctora Sheinbaum ratificó todos los programas y los aumentó", puntualizó.Durante la conferencia, el delegado explicó que actualmente se lleva a cabo el registro de mujeres con edades entre los 60 y 64 años. Aunque existe un calendario por orden alfabético según la primera letra del apellido, Ruiz Uribe aclaró que los módulos de atención están abiertos para todas las solicitantes, especialmente los días sábado, cuando se recibe a personas de todas las letras.Asimismo, informó que hasta el momento 56 mil 667 mujeres de entre 60 y 64 años ya han sido registradas, y se trabaja para alcanzar a muchas más beneficiarias en toda la entidad y en el país. Los requisitos para el registro incluyen: identificación oficial (como INE, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad), CURP actualizada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y el llenado del formato Bienestar.Ruiz Uribe exhortó a los medios de comunicación a difundir esta información para garantizar que más mujeres puedan acceder al beneficio.En relación con el Programa Salud Casa por Casa, el funcionario explicó que este modelo de atención médica comunitaria continúa activo y se refuerza mediante reuniones semanales con autoridades del sector salud para evaluar avances, mejorar la coordinación y atender situaciones especiales, incluyendo emergencias y casos de abandono.Finalmente, destacó la labor de médicos y enfermeras que visitan los hogares en distintas comunidades, llevando atención médica preventiva y orientación a personas en situación de vulnerabilidad.

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Ministros de la SCJN justifican compra de camionetas blindadas; deciden no utilizarlas tras críticas públicas

Ministros de la SCJN justifican compra de camionetas blindadas; deciden no utilizarlas tras críticas públicas

La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no utilizar las nuevas camionetas blindadas con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos por unidad respondió a las críticas de la opinión pública y a una visión de austeridad que no es un acto simbólico, afirmó este lunes el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.En conferencia de prensa realizada en la sede de la SCJN, Aguilar Ortiz, acompañado por otros cinco ministros y por el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, sostuvo que la adquisición de las unidades estuvo justificada como parte de la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF), que contempla un total de 571 vehículos.De acuerdo con los funcionarios, la compra obedeció a razones de seguridad vial y no a un contexto de inseguridad, al sustituir unidades modelo 2009, 2019, 2020 y 2021 que presentaban deterioro mecánico y cuyo blindaje había superado su vida útil, según evaluaciones técnicas internas y análisis de riesgo. También señalaron que la medida permitirá generar ahorros superiores a mil millones de pesos en los próximos tres años.Aguilar Ortiz subrayó que los excesos correspondían a administraciones anteriores y no a la actual integración de la Corte. Aseguró que se negociaron los costos hasta el último momento y reiteró que los ministros pueden trasladarse en medios de transporte público, como autobús o Metro, para cumplir con sus funciones.Durante la conferencia, el ministro Arístides Guerrero García afirmó que algunos integrantes de la integración anterior de la Corte, encabezada por Norma Piña, adquirieron los mejores vehículos y obras de arte al momento de su retiro. Ante ello, Aguilar Ortiz aclaró que no se trató de un robo, sino de una compra permitida por acuerdos plenarios previos, mediante avalúos internos.No se las robaron, las compraron conforme a un acuerdo del pleno anterior, precisó el ministro presidente, al explicar que cuatro vehículos en mejores condiciones fueron adquiridos por ministros en retiro.Guerrero García, por su parte, no detalló a qué obras de arte se refería ni qué ministros estarían involucrados, ni confirmó la existencia de denuncias formales. Indicó que las auditorías en curso serán las que determinen si hubo irregularidades. En cuanto a los vehículos, cuestionó que en administraciones anteriores se permitiera su adquisición a costos bajos, una práctica que consideró incompatible con una política de austeridad.Aguilar Ortiz también explicó que, desde 2010, los ministros cuentan con medidas de seguridad acordes con la responsabilidad del cargo, incluido el uso de vehículos blindados. Señaló que la Corte anterior disponía de 43 unidades, pero que al inicio de la actual integración se recibieron 39, debido a que cuatro fueron adquiridas por ministros en retiro.Respecto al uso futuro de las camionetas recientemente adquiridas, el ministro presidente informó que, en acuerdo con el Pleno, se decidió no utilizarlas y actuar con austeridad, sin comprometer la seguridad ni el funcionamiento institucional. Añadió que 21 vehículos serán puestos a la venta y que las nuevas unidades podrían destinarse, dentro del marco legal, a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos.Finalmente, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, explicó que la compra de los vehículos sustituyó el esquema de arrendamiento por uno de adquisición, con el objetivo de que las unidades formen parte del patrimonio del PJF y generen ahorros a mediano plazo, bajo criterios de eficiencia, austeridad y transparencia.qPese a los cuestionamientos de la prensa, los ministros no precisaron qué vehículos utilizarán para el desempeño cotidiano de sus labores.

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Poder Judicial reduce sueldos de altos mandos para cumplir con tope salarial constitucional

Poder Judicial reduce sueldos de altos mandos para cumplir con tope salarial constitucional

El Pleno del Órgano de Administración Judicial confirmó que, a partir de esta actualización, los sueldos netos de los altos mandos ya no superarán el salario de la presidenta de México El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó de forma unánime la reducción de salarios para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como para otros altos cargos del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta de la República.La decisión, adoptada el pasado viernes, forma parte de un acuerdo que regula los tabuladores salariales de todos los órganos del Poder Judicial. En este contexto, los nuevos sueldos aplican para integrantes del máximo tribunal del país, magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Disciplina Judicial, el propio Pleno del OAJ, así como magistrados de Circuito, de Sala Regional y Jueces de Distrito.El OAJ confirmó que, a partir de esta actualización, los sueldos netos de los altos mandos ya no superarán el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, se detalló que estos funcionarios contarán con seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).En el caso específico de los Mandos Superiores comprendidos entre los niveles 2 y 11 que percibían ingresos superiores al salario presidencial, también se aplicó un ajuste. Por otro lado, el acuerdo establece que los sueldos de mandos medios y operativos no sufrirán cambios, con el fin de no afectar las condiciones laborales de los trabajadores de menor rango dentro del Poder Judicial.El órgano precisó además que, en los casos donde existan suspensiones judiciales vigentes, se mantendrá la aplicación del tabulador anterior, incluyendo los complementos correspondientes, conforme a la normativa aplicable."Con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación reafirma su compromiso con la legalidad, la austeridad republicana y la protección de los derechos laborales; garantizando un servicio público honesto, eficiente y apegado a los principios constitucionales", afirmó el OAJ en un comunicado oficial.Hasta ahora, ya se han reflejado los nuevos salarios de seis ministras y ministros de la SCJN en su directorio oficial. Según una consulta del medio SinEmbargo, los sueldos brutos mensuales se establecieron en 191,656.76 pesos, lo que equivale a un salario neto de 137,582.27 pesos tras impuestos.Entre los funcionarios con salario ya actualizado se encuentran el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, así como las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González, y el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.En contraste, la ministra Lenia Batres Guadarrama, conocida por haber rechazado sueldos superiores desde su incorporación al Pleno en diciembre de 2023, aún no figura con salario actualizado en el portal. No obstante, su ingreso mensual ya era inferior al nuevo tabulador, con un salario neto de 128,992.49 pesos, cifra que se espera permanezca sin cambios.La decisión del OAJ se enmarca en los esfuerzos de distintas instituciones federales por ajustarse a las políticas de austeridad impulsadas desde el Poder Ejecutivo, y por garantizar el cumplimiento del mandato constitucional en materia de remuneraciones públicas.

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Refuerzan protección al consumidor en el sistema bancario; Marybel Villegas respalda iniciativa

Refuerzan protección al consumidor en el sistema bancario; Marybel Villegas respalda iniciativa

La legisladora por Quintana Roo destacó la necesidad de agilizar cancelaciones y evitar cobros no autorizados en beneficio de millones de mexicanosLa Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas orientadas a frenar prácticas que, de acuerdo con legisladores, han afectado por años a millones de usuarios de servicios financieros en el país. Entre los principales respaldos a la iniciativa destacó el de la diputada federal por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, quien subrayó la importancia de actualizar la regulación para brindar mayor seguridad y transparencia a los consumidores.La reforma plantea cambios en la operación de instituciones bancarias y comerciales, especialmente en torno a la emisión, uso y cancelación de tarjetas. Según expuso Villegas durante la sesión, todavía existen trámites prolongados para cancelar productos financieros, plásticos enviados sin consentimiento y cargos no autorizados que impactan directamente en la economía de las familias.Uno de los ejes centrales de la propuesta es la prohibición total de tarjetas no solicitadas, práctica señalada como un riesgo para el historial crediticio y las finanzas personales. También se establece la cancelación simplificada y gratuitade tarjetas a través de diversos canales, incluida una opción digital disponible todo el año, con un plazo máximo de tres días hábiles para concretarla.La reforma busca además poner fin a los cargos ocultos, comisiones no autorizadas y promociones engañosas, así como garantizar el reembolso inmediato ante cobros indebidos. Con ello, los legisladores pretenden fortalecer la protección al usuario y equilibrar la relación entre consumidores e instituciones financieras.Para Villegas, estas medidas son relevantes porque podrían beneficiar a sectores que suelen enfrentar mayores complicaciones en el uso de servicios bancarios, como personas adultas mayores, habitantes de zonas rurales y quienes dependen de medios electrónicos para recibir apoyos sociales. La diputada destacó que el objetivo es avanzar hacia un sistema financiero más justo, transparente y accesible.La iniciativa, impulsada por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, fue presentada como un paso para atender reclamos persistentes de usuarios que han señalado procesos engorrosos, cobros inesperados y falta de claridad en los servicios contratados. Con su aprobación, el legislativo busca fortalecer la confianza en el sistema financiero y garantizar que las instituciones operen bajo estándares más estrictos de transparencia y responsabilidad.Las reformas ahora seguirán su ruta legislativa correspondiente, con el propósito de consolidar un marco normativo que responda a las necesidades actuales de los consumidores en México y en entidades como Quintana Roo.

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