A pesar de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregar las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares involucrados en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en su versión pública, la SFP ha evitado revelar esta información, argumentando que no ha sido notificada de la sentencia de la SCJN. La solicitud de información fue respondida por la SFP con la justificación de que estas declaraciones han sido reservadas durante cinco años por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) según un acuerdo de su Comité de Transparencia.
La SFP afirmó que debido a la naturaleza de las funciones de ciertos servidores públicos adscritos a la Sedena, sus declaraciones patrimoniales se consideran reservadas y que su divulgación podría poner en riesgo la vida, seguridad y salud de estas personas, así como la seguridad y defensa nacional del país.
Expertos en transparencia y protección de datos personales han expresado su preocupación por la falta de cumplimiento de la SFP con la orden de la SCJN, señalando que esta acción demerita la división de poderes y el respeto por las resoluciones judiciales. Argumentan que la publicidad de las declaraciones patrimoniales es importante para detectar enriquecimiento inexplicable de servidores públicos y que la SFP debe garantizar el acceso a esta información.