Diputados aprueban reforma constitucional que devuelve el carácter público a CFE y Pemex.
En una jornada parlamentaria prolongada, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada el dictamen que reforma diversos artículos constitucionales sobre las empresas del Estado. La modificación devuelve a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos su carácter de empresas públicas del Estado, eliminando el concepto previo de empresas productivas.
Durante el acalorado debate en el pleno, la bancada mayoritaria argumentó que esta medida garantiza la soberanía energética del país y asegura precios accesibles para los consumidores. Señalaron que el Estado debe recuperar el control de la planeación del sistema eléctrico nacional para priorizar el abastecimiento social por encima de los intereses financieros particulares.
Por su parte, legisladores de la oposición criticaron severamente la minuta aprobada, afirmando que la reforma frena la inversión privada en energías limpias y contraviene acuerdos comerciales. Advirtieron que la falta de competencia libre en el mercado energético podría generar pérdidas financieras sustanciales para el erario público y retrasar la transición hacia fuentes renovables.
El texto legislativo ratifica además que el litio es un mineral estratégico reserva de la nación, por lo que no se otorgarán nuevas concesiones a empresas privadas para su explotación futura. Igualmente, se establece que las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica mantendrán su carácter de función pública exclusiva a cargo del gobierno federal en todo momento.
Organizaciones empresariales y cámaras de comercio solicitaron que en las leyes secundarias se fijen reglas claras para mantener esquemas de asociación público-privada en generación. Enfatizaron la necesidad de certidumbre jurídica para evitar litigios internacionales y proteger las inversiones en infraestructura energética que ya se encuentran en desarrollo en el país.
Tras su aprobación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la minuta fue turnada al Senado de la República para su posterior discusión, análisis y eventual ratificación constitucional. De ser aprobada por la Cámara Alta y la mayoría de los congresos locales, la norma entrará en vigor.